• El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó renunciar y dijo que espera permanecer en el cargo durante los cuatro años del mandato presidencial, en medio de la polémica por 56 decretos de rebaja de condena ya ejecutados.
  • Los decretos beneficiaron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores; entre ellas figuran dos reclusos de Punta Peuco. Rabat dijo que no podía confirmar absolutamente si están libres, aunque “lo más probable es que sí”.
  • El ministro defendió que su cartera actuó conforme a la Constitución, la legislación vigente y la jurisprudencia, pero reconoció que la normativa no regula suficientemente la participación de las víctimas.

¿Cómo busca el Gobierno revertir las medidas?

  • El Ejecutivo estudia una vía parlamentaria para modificar la Constitución e invalidar las resoluciones, además de una opción administrativa para revocar los actos correspondientes.
  • Rabat anunció que el Gobierno prepara un proyecto de ley para excluir del beneficio a condenados por violación contra menores, ampliar la participación de las víctimas e incorporar control judicial.
  • El ministro convocó a parlamentarios de las comisiones de Constitución, Seguridad y Derechos Humanos a una reunión de trabajo para elaborar una propuesta de tramitación inmediata.

¿Qué cuestionamientos enfrenta Rabat?

  • El exministro Luis Cordero sostuvo que la Ley 21.421 excluye del beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores y que el Ejecutivo debía aplicar esa prohibición al resolver las solicitudes.
  • Rabat defendió su interpretación y atribuyó la controversia a la falta de cambios legislativos anteriores. Sobre la eventual acusación constitucional anunciada por la oposición, señaló que corresponde a una facultad de los legisladores.