• Seis bancadas opositoras exigieron al presidente José Antonio Kast remover al ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras rebajarse las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 29 por violación de menores y 27 por abuso sexual.
  • Las bancadas anunciaron una sesión especial de la Cámara de Diputados para el 28 de octubre, para que Rabat explique el cambio de criterio del ministerio y las decisiones adoptadas.
  • La oposición estudia una eventual acusación constitucional, pero aún no confirma si presentará el libelo; resolverá ese mismo día si avanza.

¿Qué objeta la oposición?

  • Las colectividades calificaron la respuesta del Ejecutivo como “tardía, insuficiente e irresponsable” y pidieron a Kast asumir responsabilidad política por lo ocurrido.
  • El Partido Comunista exigió volver al criterio de rechazar rebajas por estos delitos y revisar si pueden dejarse sin efecto los decretos. Sostuvo que los beneficios no fueron ordenados por tribunales y que una ley de 2022 excluyó de las rebajas a condenados por estos delitos.

¿Cómo responde Rabat y qué dice el oficialismo?

  • Rabat rechazó que exista fundamento para una acusación constitucional y sostuvo que las decisiones se ajustaron a la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y la interpretación reiterada de los máximos tribunales. Afirmó que el cambio de criterio se adoptó en mayo, tras revisar solicitudes previamente rechazadas y sus antecedentes legales.
  • El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respaldó al ministro y dijo que su firma fue el paso administrativo para ejecutar una decisión adoptada por una comisión. También rechazó atribuirle a Rabat la concesión de las rebajas y cuestionó los llamados a acusarlo constitucionalmente.