Por qué importa
El fallo cambia 90 años de jurisprudencia. El presidente ahora puede reemplazar a comisionados de agencias como la FTC sin necesidad de demostrar ineficiencia o mala conducta. El Congreso ya no puede blindar a esos funcionarios con protecciones de "remoción solo por causa justificada". Esto afecta a más de dos docenas de agencias que regulan desde elecciones hasta el medioambiente.
Las tres derrotas de Trump
El mismo día, la Corte le dio la razón en otros casos clave:
- Reserva Federal: por 5 votos a 4, rechazó el despido de la gobernadora Lisa Cook. El tribunal determinó que los gobernadores de la Fed tienen mandatos escalonados de 14 años y solo pueden ser destituidos "por causa".
- Voto por correo: autorizó que los estados cuenten votos enviados por correo hasta cinco días después de las elecciones, un revés para los intentos de restringir ese método.
- Caso Carroll: confirmó la condena por abuso sexual y la indemnización de US$5 millones que un jurado impuso a Trump.
Entre líneas
La alianza inusual en el caso de la Fed revela fisuras entre los jueces conservadores. El presidente del Tribunal, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh se sumaron a los tres liberales para proteger la independencia del banco central. En el fallo sobre las agencias, en cambio, los seis conservadores votaron juntos.
El juez Neil Gorsuch, en un voto concurrente, citó las críticas públicas del presidente de la FCC, Brendan Carr, contra el comediante Jimmy Kimmel como ejemplo de cómo las agencias independientes pueden excederse. Esto sugiere que la decisión podría tener efectos concretos en la regulación de medios y comunicaciones.
Qué sigue
La administración Trump ya ha despedido a la comisionada demócrata de la FTC, Rebecca Slaughter. Se espera que intente remover también a la única demócrata en la FCC, Anna Gómez, aunque eso podría dejar al organismo sin quorum para aprobar reglas vinculantes. El Senado debería confirmar a nuevos comisionados antes de que la FCC pueda operar con normalidad.
A largo plazo, el fallo reconfigura el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso, y abre la puerta a que futuros presidentes de cualquier partido reemplacen a reguladores cuyas políticas no compartan.