El panorama general
Esta es la segunda vez que la Casa Blanca intenta imponer aranceles amplios desde el fallo judicial de febrero. La administración utiliza ahora la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que permite responder a prácticas que Estados Unidos considere injustas sin necesitar aprobación del Congreso. Los aranceles temporales actuales (10%) expiran el 24 de julio a menos que el Congreso los extienda.
Los números que importan
- 10% adicional para seis economías: Canadá, Unión Europea, Ecuador, Indonesia, México y Pakistán. La USTR dice que estos países ya tienen leyes contra la importación de bienes de trabajo forzado, pero no las aplican de forma efectiva.
- 12,5% adicional para las otras 54 economías, incluyendo Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil, Suiza, Noruega, Israel y Qatar. Según el informe, estos países no han impuesto ni hacen cumplir una prohibición legal sobre tales importaciones.
Entre líneas
La investigación se inició en marzo de este año y evaluó a los 60 socios bajo el argumento de que el comercio con bienes de trabajo forzado crea una "cancha desigual" para los trabajadores estadounidenses. Sin embargo, el informe de la USTR no detalla evidencias específicas de que cada país haya permitido la entrada de productos fabricados con trabajo forzado; se limita a señalar la ausencia de prohibiciones legales o su débil aplicación. Críticos de la política arancelaria de Trump señalan que estos aranceles terminan elevando los precios al consumidor en Estados Unidos y en otros países.
Qué sigue
La propuesta está abierta a comentarios públicos y revisión, por lo que no entra en vigor de inmediato. Si se implementa, podría tensar las relaciones con socios clave que ya han firmado o negocian nuevos acuerdos comerciales. También podría servir como alternativa legal para que Trump mantenga presión arancelaria sin depender de la autoridad que la Corte Suprema le limitó en febrero.
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