Los argumentos de Steinert
La exministra presentó seis motivos para pedir la reconsideración del Dictamen N° D344. Entre los principales:
- Invasión del mérito administrativo: sostiene que la Contraloría evaluó la conveniencia de su decisión, no solo su legalidad, lo que excede sus facultades según la ley.
- Error en la interpretación de sus atribuciones: afirma que la Ley N° 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, la facultaba para solicitar antecedentes reservados a la PDI.
- Deber de abstención mal aplicado: argumenta que el dictamen no identifica un interés personal concreto que justificara su abstención, y que su paso previo como fiscal regional no constituye conflicto automático.
- Falta de notificación: acusa que el dictamen le fue comunicado a parlamentarios y otras instituciones, pero no a ella, vulnerando su derecho a defensa.
- Origen ilegítimo: cuestiona que el caso surgiera de la filtración de un documento reservado, sin que la Contraloría investigara esa vulneración.
El trasfondo
El dictamen cuestionado se originó por el Oficio Reservado N° 28, enviado por Steinert al director general de la PDI el 13 de marzo, solo dos días después de asumir el cargo. En él solicitó información detallada sobre funcionarios de una brigada antinarcóticos vinculada a la investigación del “Clan Chen”, caso que ella había liderado como fiscal regional de Tarapacá.
La Contraloría concluyó que la solicitud no se ajustaba a las atribuciones ministeriales y que debió abstenerse por su relación previa con los funcionarios involucrados. El oficio derivó en el llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña, lo que generó sospechas sobre los motivos de su desvinculación.
La reacción inmediata
El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que el Ejecutivo respeta el fallo de la Contraloría y reconoce el aporte de Steinert durante su gestión. Hasta ahora, el gobierno de Kast no ha respaldado públicamente el recurso de la exministra, quien renunció al cargo el 19 de mayo.
Qué sigue
La Contraloría deberá pronunciarse sobre la solicitud de reconsideración, sin plazo definido. En paralelo, la oposición avanza con la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y no descarta una acusación constitucional si el dictamen se mantiene firme. El caso expone los límites del control ministerial sobre las policías y la tensión entre el Ejecutivo y el organismo fiscalizador.