El trasfondo
Todo comenzó cuando la abadesa Isabel de la Trinidad anunció el abandono de la Iglesia católica, declarando que no reconocían la autoridad del papa. Detrás de esa decisión estaba Pablo de Rojas, un autoproclamado obispo excomulgado que las guiaba.
El juzgado de Bilbao determinó que las cinco monjas mayores no fueron informadas del cisma “debido a su estado de deterioro”. La fiscalía sostiene que las acusadas aprovecharon esa vulnerabilidad para sumarlas a su causa sin su consentimiento real.
Los cargos
Las acusadas enfrentan cinco delitos:
- Coacciones y trato denigrante
- Abandono y omisión del deber de socorro
- Administración desleal y apropiación indebida
La intervención en Orduña
En diciembre de 2025, la Guardia Civil ingresó al monasterio de Orduña (País Vasco) para rescatar a las cinco religiosas. Las habían trasladado allí desde Burgos. El operativo ocurrió días antes de que un juzgado dictara desahucio contra el convento.
La edad de las víctimas —la mayor tenía 101 años— fue un elemento central para que tanto la fiscalía como la acusación particular coincidieran en pedir la pena máxima.
Lo que dicen
Las siete monjas se declararon “plenamente inocentes” en un comunicado. Califican el proceso de “caza de brujas” y afirman que viven “una persecución por haber desafiado a la autoridad eclesiástica”. Dicen que no renuncian a lo que creen y que actuarán “con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos”.
Qué sigue
El juzgado de Instrucción 5 de Bilbao lleva el caso. Las acusadas enfrentan un juicio en el que deberán demostrar que no hubo maltrato ni abandono. Si son condenadas, cumplirían 12 años de prisión, una pena excepcionalmente alta para este tipo de delitos en España.