El panorama general
La cartera incluye proyectos a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Una parte relevante se desarrollará en regiones como Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes.
Las obras abarcan vialidad, infraestructura hidráulica, aeropuertos, puertos, arquitectura pública y proyectos bajo el sistema de concesiones. También se contempla la reconstrucción de infraestructura dañada por el sistema frontal en el norte del país, con una partida extraordinaria de US$500 millones.
Los números que importan
- Inversión total del MOP: US$15.000 millones durante el período de gobierno.
- Empleos estimados totales: más de 246.000 puestos de trabajo.
- Aportes por ministerio: MOP generará alrededor de 180.000 empleos; Transportes y Telecomunicaciones, 56.500.
- Inversión para 2026: US$3.700 millones (0,85% del PIB), con una creación proyectada de 44.000 empleos anuales.
Lo que está en juego
El plan busca activar un "círculo virtuoso" entre infraestructura, productividad y empleo, según señalaron las autoridades. La inversión pública en construcción es uno de los mecanismos tradicionales para impulsar la economía en momentos de desaceleración, aunque su efectividad depende de la velocidad de ejecución y de la capacidad de absorber mano de obra local.
Qué sigue
Entre los proyectos destacados ya en curso se encuentran:
- Línea 7 del Metro (Renca-Vitacura, 42% de avance a mayo de 2026).
- Línea 9 del Metro (Recoleta-Puente Alto, inversión de US$2.733 millones).
- Extensión de la Línea 6 (US$197 millones).
- Tren Santiago-Melipilla (obras iniciadas en noviembre de 2025, US$1.877 millones).
- Tren Santiago-Batuco (US$950 millones).
La ejecución de estos proyectos se extenderá hasta 2029, con una calendarización que dependerá de los procesos de licitación y de la disponibilidad de recursos.
La imagen completa
Más allá de los anuncios, el desafío será materializar los empleos prometidos y mantener el ritmo de inversión en un escenario fiscal acotado. La reconstrucción de infraestructura dañada por el clima suma una presión adicional, pero también una oportunidad para redistribuir obras hacia zonas afectadas. La evolución concreta de estos indicadores se medirá en los próximos trimestres.