Por qué importa
La medida apunta a atacar el patrimonio del crimen organizado, que el ministro calificó como “darle un golpe al mentón”. Al agilizar la liquidación de activos, el gobierno espera:
- Transformar recursos que hoy permanecen inmovilizados en financiamiento inmediato para seguridad.
- Reparar económicamente a las víctimas de delitos.
- Dotar a Carabineros y Gendarmería de tecnología y nuevos equipos.
El estado de las cosas
La agencia será un órgano independiente, integrado por los ministerios de Justicia y Seguridad Pública. Sus directores serán elegidos por Alta Dirección Pública. Podrá administrar los bienes desde el inicio de la investigación y vender anticipadamente aquellos de fácil deterioro. También podrá celebrar convenios con municipios para disponer de vehículos abandonados.
Los recursos obtenidos no se usarán para aumentar remuneraciones. El proyecto será ingresado al Congreso esta semana, junto con otras iniciativas como una nueva cárcel de máxima seguridad.
Entre líneas
Parlamentarios de la comisión de Seguridad calificaron la propuesta como una “señal correcta”, pero expresaron dudas sobre su efectividad y alcance. El diputado republicano Cristián Araya espera que la agencia funcione con reasignación de funcionarios para no agrandar el Estado. La diputada Chiara Barchiesi valoró golpear el patrimonio del crimen, aunque no especificó reparos concretos. La oposición no descartó apoyar la iniciativa, pero puso matices sobre la nueva institucionalidad.
Qué sigue
El gobierno planea iniciar la discusión legislativa de la agencia en agosto, junto con proyectos sobre responsabilidad penal adolescente y sanción a organizaciones que usan menores. La efectividad de la medida dependerá de la rapidez del trámite parlamentario y de la capacidad de la agencia para coordinar con las policías y los tribunales.