El panorama general
San Antonio ocupa desde hace una década el nivel más bajo de calidad de vida urbana según el índice del Instituto de Estudios Urbanos de la UC. El puerto actual ya interviene todo el litoral, y el debate entre sus habitantes enfrenta los aportes laborales contra la reducción de calidad de vida que genera la mega infraestructura.
El proyecto recibió su permiso ambiental en mayo de este año, tras años de tramitación y miles de observaciones ciudadanas. Nueve organizaciones de San Antonio y de todo Chile presentaron reclamaciones o solicitudes de invalidación, alegando que esas observaciones no fueron debidamente consideradas.
Lo que dicen
- Greenpeace: acusa que la evaluación no respondió a las observaciones y advierte efectos sobre el transporte de sedimentos, riesgo de inundaciones e impactos en el estuario del río Maipo.
- Abogada Roxana Núñez (Greenpeace): señaló que el proyecto debió ser mejorado sustancialmente durante su evaluación y que aún representa riesgos para la cuenca del Maipo, desde los glaciares hasta la desembocadura.
- Empresa Portuaria San Antonio (EPSA): también recurrió al Comité de Ministros para cuestionar parte de las exigencias impuestas, según Greenpeace, lo que confirma que la propia firma prolongó la tramitación.
- Delegada presidencial provincial: destacó la importancia estratégica de la iniciativa para la comuna y el país por su impacto en la actividad productiva y el empleo.
Entre líneas
Las organizaciones reclamantes incluyen científicos que declaran vacíos de información para evaluar el impacto en inundaciones y el régimen hidrológico de la desembocadura. Alertan que intervenir la desembocadura del río Maipo afecta toda la cuenca, clave para el abastecimiento de agua de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
La Fundación Ojos de Mar, formada por vecinos, también está entre los reclamantes. El proyecto original contemplaba rellenar completamente los humedales "ojos de mar", aunque luego se modificó.
Qué sigue
Las posibilidades de que el Comité de Ministros acoja la reclamación son limitadas. Greenpeace podría recurrir al Tribunal Ambiental si no obtiene una respuesta favorable. Mientras tanto, la tramitación administrativa se extiende sin que el proyecto pueda ejecutarse.
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