Lo que está en juego

  • Incentivo económico: Cada federación que respalde el plan antes del 19 de septiembre recibirá hasta 40 millones de dólares —un pago único de 20 millones más fondos futuros escalonados.
  • Castigo implícito: Quienes voten en contra mantendrán el programa Forward actual, valorado en 2.700 millones de dólares para el próximo ciclo, pero perderán el paquete adicional de 10.000 millones disponible desde enero de 2027.
  • Inversores: Thrive Capital y Apollo Sports Capital lideran la compra del 20% de la nueva filial, llamada FIFA Forward Enterprise (FFE).

La defensa de Infantino

En su mensaje, Infantino insistió en que el proyecto “no es una obligación” y que el fútbol necesita capturar “valor comercial no explotado” para beneficiar a las federaciones más pequeñas. Puso como ejemplo a Cabo Verde, selección africana que llegó a octavos del Mundial reciente: “Queremos contribuir a que emerjan los próximos Cabo Verde”.

Añadió que la FIFA “continúa gobernando el fútbol sin interferencias externas”, y que los torneos “siempre permanecerán” bajo su control. Sin embargo, no respondió directamente a las acusaciones de falta de transparencia ni a la amenaza de boicot planteada por la UEFA.

La reacción inmediata

  • UEFA: Convocó una reunión de emergencia virtual para este jueves con sus 55 asociaciones para evaluar una posible respuesta, que podría incluir un boicot al Mundial.
  • Concacaf y AFC: Criticaron que se enteraron del plan por la prensa y no fueron consultadas.
  • Gobierno británico y UE: Manifestaron su oposición pública al proyecto.

Lo que no se dice

La carta de Infantino a las federaciones, filtrada por The Times, revela que el plazo de 53 días busca asegurar una mayoría simple (al menos 106 votos) antes de que la oposición se organice. El mecanismo de “incentivo vs. castigo” ha sido calificado por detractores como un “soborno” encubierto.

El panorama general

El conflicto enfrenta dos visiones del fútbol: la de Infantino, que ve a la FIFA como una corporación global necesitada de capital privado; y la de las confederaciones, que defienden que los torneos no deben ser activos financieros. La votación del 19 de septiembre definirá si el Mundial entra en una nueva era de propiedad mixta —pública y privada— o si el plan naufraga por la presión europea.