Por qué importa
La orden judicial marca un revés para la estrategia del gobierno de Trump de investigar a funcionarios estatales que se oponen a sus redadas masivas. El juez Patrick Schiltz determinó que las citaciones no tenían base para un delito y buscaban información sobre conducta protegida por la Constitución.
Entre líneas
El juez señaló que los vínculos entre la información solicitada y una posible violación criminal eran "extremadamente débiles o inexistentes". También recordó que Minnesota tiene derecho legal a no destinar sus recursos a hacer cumplir leyes migratorias federales.
- Las citaciones se emitieron en enero y pedían documentos a seis funcionarios, entre ellos el gobernador Walz, el fiscal general Keith Ellison y los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul.
- La investigación indagaba si estos funcionarios obstruyeron a las autoridades federales durante operativos migratorios que provocaron protestas en la zona.
Lo que dicen
Walz calificó la decisión como "una victoria para el estado de derecho y nuestra democracia". Agregó que el Departamento de Justicia "investiga a los oponentes políticos del presidente".
Ellison declaró que "debería alarmar a cada estadounidense que Donald Trump esté usando el sistema de justicia penal contra las personas con las que no está de acuerdo".
Lo que sabemos (y lo que no)
Sabemos que el juez consideró que el propósito dominante de las citaciones era "coaccionar y acosar" a los funcionarios. También que la orden fue sellada hasta este lunes.
No sabemos si el gobierno apelará el fallo ni si ampliará la investigación con otras herramientas. Las tensiones entre el gobierno federal y Minnesota continúan, tras los cargos recientes contra 15 activistas por presunta actividad "antifa".