Los cambios clave

  • Fin al límite de 20 trabajadoras: se elimina el umbral que penalizaba la contratación femenina.
  • Fondo público por regiones: entrega un monto directo para sala cuna, ajustado al costo de cada zona.
  • Implementación gradual en cuatro años: el gobierno busca sostenibilidad fiscal sin aumentar costos laborales netos para las empresas.
  • Ampliación de beneficiarios: ya no solo madres trabajadoras, también padres y tutores legales de niños menores de dos años.

El panorama general

El proyecto arrastraba una tramitación trabada desde el gobierno anterior, principalmente por el financiamiento. La fórmula actual evita crear un nuevo impuesto al empleo: la cotización de 0,35% se compensa con una baja idéntica en el aporte empresarial al seguro de cesantía. Además, el Estado aportará cerca de $10 mil millones los primeros dos años y cubrirá eventuales déficits.

Entre líneas

El Ejecutivo insiste en dos principios: gradualidad y responsabilidad fiscal. Kast señaló que aprobar una ley sin respaldo financiero a largo plazo termina perjudicando a los propios beneficiarios. La oposición (hoy en el gobierno) puso reparos a versiones anteriores por el costo para las pymes. Con esta propuesta, el gobierno busca un "justo equilibrio" entre empleadores y trabajadores.

Qué sigue

Las indicaciones ingresan este lunes a la Comisión de Educación del Senado, donde se espera retomar la discusión. El gobierno apuesta a que la compensación vía seguro de cesantía destrabe el apoyo político. El desafío será conciliar la cobertura universal con la gradualidad prometida y la disponibilidad de salas cuna en todo el país.