El estado de las cosas
La prohibición entró en vigor el 1 de junio de 2026 bajo la Online Safety Act 2025. La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) la implementa mediante dos códigos: el Código de Protección Infantil (enfoque de seguridad desde el diseño) y el Código de Mitigación de Riesgos (evaluaciones, gobernanza de contenido y etiquetado).
Las plataformas afectadas incluyen Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Deben:
- Verificar la edad de usuarios nuevos y existentes con documentos oficiales (cédula MyKad, pasaporte o identidad digital MyDigital ID).
- Reconfigurar algoritmos y sistemas de recomendación para reducir contenido dañino.
- Restringir publicidad paga a cuentas verificadas.
Los usuarios menores que ya tenían cuenta tienen un mes para descargar o transferir sus datos antes de que la plataforma la restrinja. El proceso de verificación se desplegará en un plazo de seis meses.
Lo que está en juego
Las multas por incumplimiento llegan a 10 millones de ringgit (2,5 millones de dólares). Para referencia, Meta reportó ingresos de más de 56.300 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2026. La sanción es baja en comparación con el tamaño de las empresas, pero el gobierno malasio exime a los padres de responsabilidad legal y pone el cumplimiento en las plataformas.
Entre líneas
Clara Koh, directora de políticas públicas de Meta para el Sudeste Asiático central, dijo que la prohibición podría empujar a los adolescentes hacia "rincones no regulados de internet". Meta también señaló que no ha recibido orientación clara sobre cómo cumplir en Indonesia, que adoptó una restricción similar en marzo. Esta falta de directrices concretas es un problema recurrente para las tecnológicas, que enfrentan múltiples legislaciones nacionales sin estándares unificados.
Qué sigue
La MCMC otorgará un período de gracia para que los proveedores se adapten a los códigos. Malasia se suma a Australia, Indonesia, y próximamente Francia, Reino Unido y España —que planean medidas parecidas— en un movimiento regional que pone a prueba la capacidad de las plataformas para verificar edades de forma masiva y consistente.