Por qué importa
El plan busca legalizar a personas que ya viven y trabajan en España, pero sin papeles. Sánchez afirmó que detrás de cada solicitud hay una persona que "formará parte de la sociedad con todos los derechos y deberes". La medida contrasta con el giro restrictivo que adoptan otros gobiernos europeos, incluso socialistas, presionados por partidos de ultraderecha.
El dato clave
- Más de 1 millón de solicitudes presentadas frente a una estimación inicial de 500.000.
- Los solicitantes deben acreditar al menos cinco meses de residencia continua antes del 1 de enero de 2026 y no tener antecedentes penales.
- Las autoridades tienen tres meses para procesar los expedientes y conceder o denegar el permiso de residencia y trabajo, válido solo en España.
Lo que no se dice
El número de solicitudes no equivale al número de personas que obtendrán la regularización. El proceso depende de la documentación que puedan aportar, y muchas personas enfrentaron dificultades burocráticas para conseguir certificados como el de antecedentes penales. ONG y voluntarios apoyaron a los solicitantes durante los últimos tres meses.
Las voces discordantes
Tanto el Partido Popular como Vox manifestaron su oposición al plan. Sánchez, en cambio, lo ha convertido en un estandarte de su gobierno —que enfrenta escándalos de corrupción— y defiende una política migratoria "legal, segura y ordenada". Una solicitante cubana, Juana Hernández, calificó el proceso como "una oportunidad enorme".
Lo que viene después
Las autoridades iniciarán la revisión de las solicitudes y deberán resolverlas en un plazo de tres meses. El gobierno no ha detallado qué ocurrirá con quienes no cumplan los requisitos ni si habrá nuevas ventanas de regularización en el futuro.