Por qué importa
La acusación de la ministra pone bajo sospecha la gestión de los alcaldes en uno de los pilares del sistema de salud pública. Si se confirma, implicaría que los municipios desviaron recursos destinados a ampliar la cobertura hacia otros fines. Si no se confirma, el gobierno enfrentaría un desgaste político por una medida que reduce transferencias sin previo aviso.
Lo que dice la ministra
- El presupuesto de salud subió de $16,5 billones a $17,2 billones este año.
- Lo que se transfiere en 2026 no es menor que en 2025.
- Solo se dejó de transferir un subcomponente del programa de universalización: el que financiaba la búsqueda e inscripción de pacientes de Isapres.
- Ese componente, dijo, funcionaba como un "subsidio a las aseguradoras privadas".
- Los recursos para extensión horaria de centros de salud no fueron tocados.
- Acusó que algunos alcaldes usaron esos fondos administrativos para cubrir otros gastos, como la extensión horaria.
- Aseguró que la Contraloría ya entregó un preinforme que detectó ese uso indebido.
Entre líneas
La ministra no presentó pruebas concretas ni nombró a los municipios involucrados. El preinforme de Contraloría aún no es público ni definitivo. Mientras tanto, varios alcaldes han advertido que la suspensión del componente afecta la operación de sus consultorios, incluso si el dinero no se destinaba directamente a la atención clínica.
Lo que sabemos (y lo que no)
- Sabemos: que el gobierno eliminó una línea de financiamiento específica para 24 comunas dentro del programa de universalización, que partió entre 2022 y 2023.
- No sabemos: si los municipios realmente usaron mal los recursos, ni cuánto dinero implica ese componente suspendido.
- Sabemos: que el presupuesto total de salud creció nominalmente, pero no se ha detallado si ese aumento compensa la inflación del sector o las nuevas demandas.
Qué sigue
La Contraloría deberá emitir su informe final sobre el uso de esos fondos municipales. Mientras tanto, la discusión se trasladará al Congreso, donde alcaldes y oposición pedirán explicaciones y posiblemente la reposición del componente suspendido. El gobierno, por su parte, mantiene su postura de que el gasto debe hacerse con eficiencia y sin aumentar en la misma proporción que los ingresos.
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