El panorama general

El caso se originó en la región de Magallanes y escaló tras una visita del ministro Poduje a Punta Arenas, donde funcionarios del Serviu le entregaron antecedentes sobre posibles fraudes de subvenciones. El Ministerio Público ya abrió una investigación penal a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra.

  • Beneficio cuestionado: Subsidio otorgado en julio de 2022 para el proyecto habitacional “Estepa Austral I”.
  • Destinatario original: Familias pertenecientes al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares.
  • Presunta omisión: Chicuy no declaró su vínculo con Riquelme (con quien tiene tres hijos y tres sociedades comerciales) ni los ingresos reales del hogar, lo que la situó en condiciones de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”.

El dato clave

Según la denuncia del Serviu, de haberse informado correctamente los antecedentes, Chicuy no habría calificado para el subsidio. Además, una de las sociedades compartidas con Riquelme —Magallania Capacitación Limitada— recibió transferencias por más de $400 millones del Estado solo en 2022.

  • Sociedades involucradas: Magallania Capacitación, Magallania Asesorías y Magallania SpA.
  • Monto de contratos vigentes: Una de las firmas acumula convenios por más de $1.096 millones entre 2007 y 2025.

Qué sigue

La Fiscalía de Punta Arenas ya inició diligencias para esclarecer los hechos. El ministro Poduje advirtió que se reforzará la fiscalización a nivel nacional, ya que “cada vivienda social que se ocupa de forma irregular es un hogar vulnerable que se queda sin casa”. El diputado Riquelme ha negado irregularidades.