El panorama general

La investigación comenzó por una denuncia del Serviu de Magallanes. Según el ministerio, la pareja del diputado, Susana Chicuy, habría omitido información para obtener un subsidio dirigido al 40% más vulnerable. El ministro Poduje declaró que “todos son iguales ante la ley”, lo que generó preocupación en la directiva republicana, que no estaba al tanto de la denuncia y la conoció por las declaraciones públicas.

Entre líneas

En el partido vieron con inquietud la dureza del ministro. Además, la falta de información previa dejó a la bancada en una posición defensiva. Riquelme, por su parte, salió a aclarar el caso calificando los antecedentes de “falsos” y desmarcándose de la postulación.

La otra cara: la defensa del diputado

Riquelme publicó una declaración donde sostiene que:

  • El proyecto habitacional se aprobó en 2021, antes de que él fuera consejero regional.
  • Su expareja postuló al subsidio en 2022, cuando “estábamos separados y sin convivencia”.
  • Siempre colaborará con la justicia y descarta cualquier delito.

El diputado también criticó que no se respetó la presunción de inocencia ni la imparcialidad en la investigación.

Lo que no se dice

A pesar de la separación que alega Riquelme, registros indican que mantiene al menos cuatro sociedades comerciales con Chicuy. Una de ellas tiene contratos con organismos públicos por más de 1.096 millones de pesos entre 2007 y la fecha actual. Ese vínculo no aparece en la declaración del diputado, pero es parte de los antecedentes que quedaron en manos de la fiscalía.

Qué sigue

La Fiscalía Regional de Magallanes y el Consejo de Defensa del Estado investigan el caso. El ministro Poduje adelantó que el plan de fiscalización de viviendas sociales sigue su curso. En el Partido Republicano evalúan emitir un comunicado oficial y mantienen contacto con Riquelme para coordinar la estrategia de control de daños.