El trasfondo
Ortega gobierna desde 2007 y ha acumulado poder mediante reformas sucesivas. En 2014 la Asamblea Nacional eliminó la reelección indefinida. En 2024 extendió el mandato de cinco a seis años y nombró a Murillo como copresidenta, allanando el camino para que ella asuma la presidencia si Ortega es declarado "permanentemente ausente".
La represión se intensificó después de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU. Desde entonces el gobierno encarceló, exilió y despojó de la ciudadanía a opositores.
Entre líneas
Los términos "golpistas" y "traidores" son deliberadamente vagos. El gobierno los usa contra cualquier adversario, incluidos opositores exiliados que piden sanciones internacionales. La reforma permite excluir a candidatos con posibilidades reales de ganar, como ocurrió en las elecciones de 2021.
El jefe del Legislativo, Gustavo Porras, aclaró que la prohibición también alcanza a quienes "viven pidiendo intervención militar" o "aplauden sanciones". Esto deja fuera a prácticamente toda la oposición organizada.
Lo que dicen
- El jefe del Ejército, Julio César Avilés, aseguró que las Fuerzas Armadas respaldan firmemente la reforma.
- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió que la represión gubernamental se profundizó y que el estado de derecho se erosionó.
- La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, ya había sancionado a Nicaragua por el fraude electoral de 2021.
Qué sigue
La Asamblea Nacional, controlada por el partido de Ortega, aprobará la reforma a principios de septiembre. Tras su entrada en vigor, las próximas elecciones —previstas para finales de 2027— se realizarían sin oposición real. El nuevo período de siete años renovables permitiría a Ortega mantenerse en el poder más allá de 2034.
Pocos nicaragüenses se atreven a protestar públicamente desde la represión de 2018, lo que hace improbable una reacción social inmediata.