El estado de las cosas
El proyecto modifica el artículo 57 del Código del Trabajo para aclarar que la inembargabilidad del sueldo se mantiene incluso después de depositado en una cuenta bancaria. Actualmente, la TGR interpreta que al ingresar al sistema financiero el dinero pierde esa protección y puede ser retenido para cobrar deudas como el CAE.
Los impulsores —del PC, FA, PS, PDG y DC— acusan a la TGR de usar una “interpretación mañosa” que deja sin sustento a familias enteras. La diputada Daniela Serrano (PC) señaló que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no ha garantizado que estén afectando solo a quienes ganan más de 3,5 millones de pesos mensuales.
Lo que dicen
- Opositores argumentan que la medida es necesaria porque el CAE fue una “política fallida” y que el cobro masivo vulnera el debido proceso y el derecho a la subsistencia familiar.
- UDI (Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann) acusó que la iniciativa podría beneficiar a deudores de pensiones alimenticias (los llamados “papitos corazón”), ya que no establece excepciones claras y debilitaría la ley vigente que permite retener esos pagos.
- El gobierno defiende los embargos. El ministro Quiroz sostiene que se concentran en ingresos altos (sobre 3,5 millones) y que ya se realizaron 1.500 embargos de 500.000 deudores morosos, con una deuda total de 4.400 millones de dólares.
Entre líneas
La discusión revela una tensión de fondo: el Estado busca recuperar un crédito estudiantil masivo, pero choca con el principio laboral de proteger el salario básico. La ausencia de un mecanismo judicial previo en los cobros administrativos es el punto legal que los opositores quieren cerrar. La crítica de la UDI, en tanto, busca desviar el foco hacia otra vulnerabilidad social (las pensiones de alimentos) y presionar por excepciones que la izquierda no incluyó.
Qué sigue
El proyecto debe ser tramitado en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Se espera una discusión intensa, con el oficialismo presionando para limitar la inembargabilidad a deudas estudiantiles y excluir explícitamente las pensiones alimenticias. Mientras tanto, la TGR mantiene los cobros, y la oposición evalúa medidas administrativas paralelas para frenarlos.