El estado de las cosas

El último balance de Senapred reporta cuatro fallecidos y más de 16 mil personas aisladas entre las regiones de Atacama y La Araucanía. Las cifras de daños más relevantes son:

  • Electricidad: 230 mil hogares sin suministro. Valparaíso concentra la mayor cantidad, con 126 mil clientes afectados, seguido de La Araucanía (40 mil) y Coquimbo (33 mil).
  • Agua potable: En Ovalle, una de las comunas más castigadas, el servicio está completamente suspendido para más de 33 mil clientes debido a la turbiedad y los daños en la infraestructura sanitaria.
  • Infraestructura crítica: El Hospital de Ovalle perdió cinco de sus siete pabellones a causa de las filtraciones. El gobierno prepara el envío de un hospital modular del Ejército.
  • Viviendas: Se contabilizan 21 viviendas destruidas y más de 12 mil con daños menores, aunque las autoridades advierten que estas cifras podrían aumentar a medida que se acceda a zonas aún incomunicadas.

El trasfondo

Más allá de la emergencia inmediata, la crisis revela problemas estructurales profundos. En la población El Estadio de Ovalle, los vecinos denuncian que las inundaciones se repiten desde hace décadas por la falta de un colector de aguas lluvias. “Se mojó todo, se perdió todo”, relató Yuri Rojo, dirigente del sector, quien afirmó que el sistema colapsa cada vez que llueve con fuerza.

En Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca advirtió que los cortes eléctricos prolongados ponen en jaque los sistemas de Agua Potable Rural (APR), que dependen de la electricidad para funcionar, afectando a comunas que ya fueron golpeadas por los incendios de 2024.

Qué sigue

La Dirección Meteorológica prevé que el sistema frontal se reactive durante la noche de este domingo, lo que podría extender la emergencia en la zona central.

Los alcaldes de Ovalle y Coquimbo presionan al presidente para que declare zona de catástrofe, asegurando que los fondos regionales actuales son insuficientes incluso para reparar un solo puente. La reconstrucción de caminos, viviendas y sistemas de agua potable rural requerirá un esfuerzo fiscal mayor, advierten.