El estado de las cosas
El proyecto, firmado por Lorena Pizarro, Nathalie Castillo y otros diputados del PC y Frente Amplio, propone tres cambios concretos:
- Derogar los párrafos que establecen la presunción legal de legítima defensa para efectivos de Carabineros, PDI y Gendarmería cuando actúan en funciones de orden público.
- Reemplazar el artículo 150 D del Código Penal para restablecer la definición anterior de apremios ilegítimos, que sanciona a empleados públicos que apliquen tratos crueles o degradantes sin constituir tortura.
- Eliminar la figura de violencias innecesarias del Código de Justicia Militar, que las autoras consideran permite sanciones menores.
Las diputadas argumentan que la ley actual crea un "estatuto excepcional" que rompe la igualdad ante la ley, al exigir a un ciudadano común probar su legítima defensa, mientras que los policías tienen una presunción a su favor.
Lo que dicen
Presidente José Antonio Kast (vía X): "Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado".
Diputado Cristian Araya (REP), presidente de la Comisión de Seguridad: pedirá tramitar la iniciativa con "máxima celeridad" para rechazarla y "ver muy claramente quién es quién" en el respaldo a las policías.
Diputado Jaime Araya (IND-PPD) : considera que derogar la ley sería "debilitar la función policial". Destaca que antes de la norma, un carabinero que disparaba su arma quedaba automáticamente imputado y suspendido.
Diputada Lorena Pizarro (PC) : respondió que el Ejecutivo "no está en dictadura" y que la iniciativa no afecta la lucha contra el crimen organizado. Calificó la ley actual como "herencia de Gabriel Boric".
RN anunció una "Agenda Naín-Retamal 2.0" para fortalecer la protección policial, incluyendo legítima defensa privilegiada incluso cuando los funcionarios están de franco.
Entre líneas
La propuesta del PC revive las divisiones que existieron durante la tramitación original de la ley en 2023. En ese entonces, el Frente Amplio y el PC manifestaron reparos, pero la iniciativa fue aprobada con amplio respaldo tras los asesinatos de carabineros que le dieron nombre.
El momento elegido también es relevante: la oposición —hoy en el gobierno con Kast— concentra su ofensiva contra el oficialismo por el rechazo de parlamentarios de izquierda al levantamiento del secreto bancario. La interna del PC reconoce que el proyecto podría desgastar al sector en un contexto de alta demanda por seguridad.
Qué sigue
La iniciativa será remitida a la Comisión de Seguridad de la Cámara, controlada por diputados de oposición al gobierno de Kast, quienes ya adelantaron su rechazo. El Ejecutivo anunció que no la respaldará. El presidente de la comisión solicitará votarla con urgencia.
Es probable que el proyecto no avance, pero obligará a los partidos a posicionarse públicamente sobre un tema sensible: el equilibrio entre la protección de las policías y los límites al uso de la fuerza.