Los detalles del acuerdo
- Plazos escalonados: 10 años para inversiones entre US$50 millones y menos de US$100 millones; 15 años para proyectos entre US$100 millones y menos de US$350 millones; hasta 20 años para inversiones superiores a US$350 millones.
- Sobretasa: Las empresas que accedan al régimen pagarán un 1,5% adicional sobre el impuesto de primera categoría.
- Exclusiones: La invariabilidad no cubrirá cambios al royalty minero ni otras modificaciones tributarias futuras que no estén expresamente contempladas.
- No recurrir al TC: El PPD descartó acudir al Tribunal Constitucional por este punto, a cambio de que el gobierno acogiera el 90% de su propuesta, según el partido.
La reacción de la oposición
El Frente Amplio calificó el entendimiento como “un pésimo acuerdo”. Diego Ibáñez sostuvo que la propuesta sigue favoreciendo a las grandes empresas, y Beatriz Sánchez lamentó que el PPD se desmarcara de la estrategia opositora. El FA mantiene su rechazo al proyecto y prepara una ofensiva ante el Tribunal Constitucional junto al PS y otros sectores.
En paralelo, la crisis interna del Partido Socialista se agravó: la senadora Paulina Vodanovic dejó la mesa negociadora de la megarreforma tras un tenso almuerzo del comité de senadores socialistas, mientras que la senadora Daniella Cicardini la acusó de negociar en secreto con el ministro Quiroz.
El estado de las cosas
El Senado fijó el 15 de julio como fecha para votar y despachar la megarreforma, con sesión extendida hasta su total aprobación. El gobierno aprobó la idea de legislar con exactamente 26 votos oficialistas, y ahora necesita mantener esa base o sumar nuevos apoyos durante la discusión artículo por artículo en comisiones.
El acuerdo con el PPD le da al Ejecutivo un respiro en uno de los capítulos más polémicos, pero la oposición fragmentada y las críticas internas en el PS indican que la discusión en particular será tensa. La viabilidad del proyecto dependerá de si el gobierno logra traducir este pacto en votos concretos en la Sala.