Por qué importa
El cambio refleja la primera consecuencia concreta del criterio de la Audiencia Provincial, que recortó el alcance de la investigación del juez Juan Carlos Peinado. El nuevo enfoque concentra el caso en dos conductas: el uso de influencias para crear una cátedra en la Universidad Complutense y el destino de fondos públicos a fines privados.
El dato clave
La acusación popular desglosa la nueva pena en tres delitos:
- Tráfico de influencias: 2 años por la creación de la cátedra.
- Malversación continuada: 3 años por emplear a su asesora Cristina Álvarez (pagada con fondos públicos) en tareas privadas.
- Malversación agravada: 8 años por el uso privado del software desarrollado en la universidad.
Además, pide una pena subsidiaria de 10 años si el tribunal considera que un delito sirvió para cometer el otro. Para Álvarez la solicitud baja de 22 a 6 años como cooperadora necesaria en la malversación del software.
Lo que dicen
El escrito de Hazte Oír sostiene que Gómez se valió de su condición de esposa del presidente para impulsar su carrera académica. Afirma que convocó al rector de la Complutense en La Moncloa para gestionar la cátedra “a su medida” y que su asesora desvió horas de trabajo público hacia proyectos personales.
También reclaman que declaren en el juicio un centenar de testigos, entre ellos Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños, para aclarar el uso del palacio presidencial como “ámbito relacional” del proyecto de Gómez.
Qué sigue
Las defensas prepararán sus escritos de conclusión, donde volverán a pedir la absolución. El juez Peinado deberá dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral que defina el calendario y el tribunal popular que juzgará el caso. El empresario Juan Carlos Barrabés queda fuera de esta acusación, aunque su investigación por adjudicaciones públicas continúa en otro procedimiento.