El trasfondo
El convenio original entre la Universidad de Chile y Azul Azul establecía que la concesionaria debía resguardar los valores, el nombre y los símbolos institucionales. Sin embargo, Mizala señaló que ese espíritu se ha debilitado.
- La universidad tiene dos representantes en el directorio de Azul Azul (de 11 miembros), quienes han manifestado reparos sobre la falta de transparencia.
- En los últimos meses, la Fiscalía allanó el Centro Deportivo Azul y el domicilio de Michael Clark por posibles delitos como negociación incompatible, administración desleal y fraude a la Ley de Mercado de Valores.
- La actual rectora saliente, Rosa Devés, encargó un informe en derecho a una oficina de abogados para evaluar las opciones legales de la universidad.
Entre líneas
Mizala evitó anunciar una ruptura inmediata. Su postura es cautelosa: no descarta nada, pero condiciona cualquier acción al resultado del informe jurídico. Esto refleja que la universidad busca un respaldo legal sólido antes de tomar medidas que podrían generar litigios prolongados.
También es significativo que la rectora electa hable de “falta de transparencia” en plural. La opacidad no se limita al caso Clark, sino que apunta a una estructura de propiedad poco clara que ha sido cuestionada por los representantes universitarios.
Qué sigue
Mizala espera el informe en derecho para definir los pasos concretos. Entre las opciones que se manejan:
- Exigir el cumplimiento estricto del convenio original.
- Retirar el uso del nombre “Universidad de Chile” y los emblemas del club.
- Revisar o incluso rescindir el contrato de concesión.
La rectora adelantó que “habrá que tomar decisiones” una vez que el informe esté listo. No hay un plazo público para su entrega, pero el tema será prioritario en la nueva administración, que asumirá formalmente en los próximos meses.