El trasfondo
Blas Correas viajaba con cuatro amigos en un Fiat Argo cuando evadió un control policial. Dos efectivos dispararon, hiriéndolo de muerte. Los ahora cesanteados estaban en el operativo y, según el Tribunal, incumplieron su deber funcional de proteger a una persona herida. En el caso de la oficial Natalia Márquez, además se le atribuyó violencia física innecesaria contra uno de los ocupantes del vehículo.
La cesantía se basa en un sumario disciplinario independiente del proceso penal. El organismo remarcó que su potestad no depende de una condena judicial para sancionar.
A quiénes alcanza la cesantía
La resolución administrativa afecta a:
- Oficial principal Natalia Soledad Márquez
- Oficial subinspectora Melisa Janet Escalante
- Cabo Leonardo Alejandro Martínez
- Cabo Diego Norberto González
- Cabo Emanuel Alejandro Fachisthers
- Agente Rodrigo Emmanuel Toloza
- Agente Ezequiel Eduardo Henot
Dos de ellos (Martínez y Toloza) habían sido absueltos por la Justicia en causas de encubrimiento y falso testimonio.
Entre líneas
El Tribunal aplicó sanciones por “faltas gravísimas” contempladas en el reglamento disciplinario policial, sin esperar a que la Justicia determinara responsabilidades penales. Esto subraya la autonomía del control administrativo sobre la conducta policial, incluso cuando el sistema judicial absuelve o no procesa a los implicados. La mayoría de estos efectivos ni siquiera había llegado a juicio penal.
La imagen completa
Seis años después del hecho, el caso sigue generando consecuencias en el ámbito institucional. Las condenas penales ya recayeron sobre los autores del disparo, mientras que esta cesantía apunta a la cadena de omisiones posteriores al tiro. La decisión refuerza que el deber de resguardar la vida no termina con el acto inicial de violencia, sino que se extiende a todo el procedimiento.