El estado de las cosas
El SII emitió el Oficio N° 1658 el 8 de julio, firmado por el director Jorge Trujillo. Allí responde a una consulta de una sociedad extranjera que quería pagar IVA solo sobre la diferencia entre apuestas y premios (su margen neto, que representa entre 90% y 97% de lo apostado).
El organismo rechazó esa interpretación y fijó las siguientes reglas:
- La base imponible del IVA es la totalidad de las sumas depositadas o apostadas por los usuarios, sin deducir premios.
- La excepción: el operador puede acreditar que el monto recibido corresponde efectivamente a la diferencia entre apuestas y premios. En ese caso, se aceptaría el margen neto como base.
- El régimen especial de cálculo que aplica a casinos legales autorizados no rige para estas plataformas.
Además, el SII prepara una nueva resolución que elaborará una nómina de las plataformas no inscritas. Esas podrán ser fiscalizadas mediante el procedimiento de cambio de sujeto, es decir, se cobrará el IVA directamente a los usuarios o intermediarios.
Cómo llegamos aquí
El 2 de junio el SII abrió un registro especial para que las plataformas extranjeras se inscriban y paguen el IVA Digital. A la fecha, ninguna empresa se ha registrado.
El contexto se complica porque la Corte Suprema declaró ilegal la actividad en 2025. Pese a ello, el Gobierno mantiene el pulso por regular el sector. El biministro de Economía, Daniel Mas, afirmó que Impuestos Internos tiene facultades para cobrar y que el presidente José Antonio Last definirá la posición definitiva.
Qué sigue
El Congreso avanza en paralelo con un proyecto de ley en segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía del Senado. Entre las indicaciones presentadas destacan:
- Prohibición de acceso a menores de edad.
- Implementación de un sistema de control biométrico.
- Barreras de seguridad para grupos vulnerables.
Entre líneas
La estrategia del SII genera una paradoja: exige impuestos a una actividad que la Justicia considera ilegal. Mientras el Congreso discute legalizarla, el fisco busca asegurar ingresos tributarios. Las plataformas extranjeras, sin registrarse, quedan expuestas a fiscalización directa. El oficio deja una puerta abierta para que los operadores demuestren que su ingreso real es el margen neto, lo que podría reducir la carga tributaria de quienes decidan cumplir.