Cómo llegamos aquí
Landor llevaba 20 años sin cortarse el cabello por su fe rastafari, y sus rastas le llegaban hasta las rodillas. Faltaban tres semanas para que cumpliera su condena en 2020 cuando lo transfirieron a otra prisión en Louisiana. Llevaba consigo una copia de una orden judicial de 2017 que obligaba al departamento penitenciario a respetar las prácticas rastafaris.
- Al llegar, un guardia tiró los papeles a la basura.
- El director exigió un documento del juez que acreditara su creencia religiosa.
- Al no poder presentarlo, dos guardias lo esposaron a una silla y un tercero le rapó la cabeza al ras.
El dato clave
La mayoría conservadora, liderada por el juez Neil Gorsuch, sostuvo que la RLUIPA se aprobó bajo la Cláusula de Gasto de la Constitución. Eso significa que el Congreso solo puede imponer condiciones a los estados que reciben fondos federales, pero no puede crear demandas individuales contra empleados estatales sin su consentimiento explícito.
Los tres jueces liberales disintieron. El gobierno federal, que durante el primer mandato de Trump había apoyado a los demandantes en un caso similar, esta vez respaldó a Landor.
Lo que dicen
"I'm disappointed but not defeated", declaró Landor en un comunicado. "Lo que me pasó violó mi fe y mi dignidad. Seguiré buscando justicia".
La corte reconoció que el trato fue ilegal, pero concluyó que la ley no contempla una compensación económica de parte de los guardias. El Quinto Circuito ya había lamentado lo ocurrido, pero falló en el mismo sentido.
Lo que cambia
La decisión cierra la puerta a demandas por daños contra funcionarios penitenciarios individuales bajo la RLUIPA. Quienes sufran violaciones religiosas en prisión aún pueden buscar órdenes judiciales para detener la práctica, pero no podrán reclamar indemnización económica directamente a los responsables.
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