El dato clave
- La Tesorería ejecuta los embargos mediante un mandato ciego: no verifica si los fondos son remuneraciones antes de retenerlos.
- Si el dinero era un sueldo, el afectado debe reclamar después ante la Tesorería o recurrir a tribunales para revertir la medida.
- De las 1.535 personas notificadas de embargos, no todas sufrieron retenciones porque muchas cuentas no tenían fondos.
- La deuda total del CAE asciende a $4,1 billones, equivalente al 1% del PIB y a unos 10 hospitales de alta complejidad.
Lo que no se dice
La protección legal del sueldo como ingreso inembargable pierde efectividad al depositarse en cuentas bancarias. El tesorero afirmó que una vez mezclados con otros fondos, los saldos se vuelven “100% embargables”. Esto deja a miles de profesionales sin un resguardo real ante el cobro, pese a que la ley protege las remuneraciones.
La reacción inmediata
- La diputada Emilia Schneider (FA) criticó la ausencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y puso en duda la voluntad del Ejecutivo para dialogar sobre el problema.
- El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, respondió que el ministro sesionaba en el Senado y reiteró la disposición del Gobierno a discutir el tema.
- Diputados de oposición defendieron la gestión de cobro. Luis Pardo (RN) señaló que la deuda de $4,1 billones “se origina” y debe ser recuperada.
En perspectiva
El reconocimiento de la Tesorería expone un vacío operativo en el sistema de cobro del CAE. Mientras el número de deudores sigue creciendo —ya son 563 mil personas, el 90% con ingresos bajo $1,5 millones mensuales—, la falta de filtros previos a un embargo abre la puerta a retenciones ilegítimas de salarios. El debate sobre el destino de estos fondos y la protección de los deudores probablemente continuará en las próximas sesiones del Congreso.