Lo que dice

Arrau evitó cualquier crítica directa y repartió reconocimientos en sus declaraciones desde La Moneda:

  • “No nos vamos a referir o emitir juicios de valor sobre informes de Contraloría”.
  • “Valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría”.
  • “Hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública”.
  • “En materia investigativa hay otros organismos que son los encargados”.

También confirmó que la unidad estratégica del ministerio ahora se llama Unidad Ministerial Estratégica (UME) y que sigue operativa bajo su supervisión directa.

Entre líneas

Arrau equilibra dos posturas opuestas: respalda a su antecesora sin desautorizar a la Contraloría. Al evitar cualquier juicio de valor, protege la continuidad del ministerio y no abre flancos políticos, pero tampoco corrige públicamente el error señalado por el organismo fiscalizador.

Su insistencia en el “rol estratégico” sugiere que el gobierno opta por un giro institucional más que por sanciones personales. El mensaje interno es claro: el ministerio debe mantenerse dentro del marco normativo, pero sin descalificar a quien lo lideró antes.

Qué sigue

Arrau se declaró disponible para colaborar con eventuales comisiones investigadoras del Congreso, aunque sin comprometerse a impulsar ninguna. Eso deja abierta la posibilidad de que la oposición cite a Steinert o al propio ministro para profundizar en el caso. Por ahora, el gobierno cierra la puerta a medidas administrativas inmediatas y apuesta por reforzar los límites legales desde adentro.

La imagen completa

El dictamen de Contraloría y la reacción de Arrau marcan un punto de inflexión en la todavía joven historia del Ministerio de Seguridad Pública: el primer ministro en funciones reconoce el error de su antecesora sin romper la lealtad institucional, mientras intenta redefinir el rol de la cartera como coordinadora, no como investigadora. El caso Steinert se convierte así en un precedente sobre cuánto puede —y no puede— hacer un ministro frente a las policías.