Por qué importa
El dictamen no solo confirma una irregularidad en el manejo de información reservada, sino que establece un precedente sobre el alcance de las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública.
- Steinert pidió un informe detallado con nombres, cédulas, grados y antecedentes disciplinarios de funcionarios de una brigada antinarcóticos.
- Esa brigada apoyaba una investigación que ella misma había dirigido como fiscal en Tarapacá.
- La Contraloría sostiene que la ley prohíbe solicitar datos cuya divulgación pueda afectar una investigación penal en curso.
El estado de las cosas
El dictamen abordó tres materias denunciadas por los diputados Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Tatiana Urrutia (FA):
- Oficio reservado N°28: Considerado irregular por exceder las facultades legales y vulnerar el deber de abstención.
- Salida de Consuelo Peña: La Contraloría declaró que la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI se ajustó a derecho.
- Unidad Estratégica del MSP: Se descartó su disolución; el organismo confirmó que la unidad sigue en la estructura orgánica del ministerio.
Entre líneas
El punto crítico no fue la solicitud de información en sí, sino el nivel de detalle exigido. Steinert pidió la nómina completa de funcionarios trasladados o cesados de una causa específica, con datos personales y antecedentes internos. Para la Contraloría, ese requerimiento “excede la facultad general de requerir informes” y no se enmarca en las funciones de planificación y supervisión del ministerio. El hecho de que la exministra hubiera liderado la misma investigación como fiscal activó su deber legal de abstenerse.
Lo que dicen
Los diputados que solicitaron el pronunciamiento comenzaron a reaccionar:
- Raúl Leiva (PS): señaló que Steinert “actuó fuera del marco de sus atribuciones” y que el dictamen es un elemento grave, aunque una acusación constitucional sería una “herramienta de última ratio”. Se inclina por crear una comisión especial investigadora.
- Tatiana Urrutia (FA): afirmó que analizarán los pasos a seguir con otras bancadas y emplazó al gobierno de Kast a pronunciarse y “no evadir su responsabilidad”.
Qué sigue
La Contraloría dio a conocer el dictamen más de un mes después de que Steinert dejara el cargo (el 19 de mayo). Aunque La Moneda ya anticipaba un informe desfavorable, el pronunciamiento abre la puerta a nuevas acciones legislativas y administrativas. Los diputados evaluarán si derivan responsabilidades políticas, mientras que el gobierno deberá responder formalmente al dictamen.