El recurso se sustenta en un informe de la ONU que calificó la detención de arbitraria, y fue admitido a trámite sin pronunciarse sobre el fondo. Castillo cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando disolvió el Congreso.
La audiencia del 12 de agosto no implica un fallo sobre la libertad, sino la revisión de los argumentos de la defensa. Se espera que las procuradurías de varias instituciones participen, y que Castillo intervenga virtualmente; el resultado del hábeas corpus aún es incierto.