Gobierno presenta ley para someter a la justicia a grupos armados
El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó el 13 de octubre en el Congreso un proyecto de ley para que grupos armados se desarmen y se sometan a la justicia.
La iniciativa, presentada por los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia, Iván Cancino, propone reglas jurídicas distintas de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.
El proyecto busca desarticular las estructuras criminales y contempla garantías de reparación y no repetición para las víctimas.
¿Qué condiciones establece el proyecto?
El sometimiento tendría dos etapas: una administrativa, a cargo del Gobierno, y otra judicial, en la que se valorarían los aportes a la verdad y la responsabilidad penal de cada integrante.
En la etapa administrativa, el interlocutor —que debe ser abogado— informaría sobre la estructura, su zona de influencia, el número de integrantes y sus armas; el Gobierno fijaría una hoja de ruta para el desarme.
La propuesta descarta una negociación política y condiciona las rebajas de penas a aportes como entregar armas, revelar rutas del narcotráfico y demostrar vínculos con corrupción pública.
El articulado no suspendería las órdenes de captura ni las extradiciones de quienes se sometan; además, el presidente podría definir dónde serán judicializados.
¿Qué información se evaluará en la etapa judicial?
La fase judicial examinaría aportes individuales y colectivos a la verdad, información sobre personas desaparecidas y actos de corrupción, además de los bienes y el grado de mando de cada integrante.
El artículo 3 define como actores armados ilegales o terroristas a organizaciones vinculadas a economías ilícitas que puedan cometer actos terroristas o afectar el orden público y los derechos civiles.