El panorama general
Los aranceles, que aplican a economías que concentran el 99% de las importaciones estadounidenses, tienen dos niveles:
- 10%: para países que ya cuentan con una prohibición de importación por trabajo forzoso o se comprometieron a implementarla (ej.: Argentina, Canadá, India, México, Reino Unido).
- 12,5%: para países que no tienen dicha normativa, entre ellos Chile, Brasil, China, Japón y Australia.
La administración Trump utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la misma que usó en su primer mandato contra China y que ha sobrevivido a desafíos judiciales. El objetivo es evitar el vacío legal que dejó la invalidación de los aranceles anteriores por parte de la Corte Suprema.
El caso de Chile
El gobierno chileno respondió que la decisión "no se condice" con los estándares laborales del país. Subrayó que la investigación no identificó productos chilenos específicos hechos con trabajo forzoso, sino que la sanción deriva de diferencias en la evaluación de sus mecanismos regulatorios.
Chile participó activamente en la investigación y presentó antecedentes técnicos, pero no logró convencer a Washington de que su marco normativo es suficiente. La tasa del 12,5% se suma a la presión comercial que ya enfrentaban sectores exportadores chilenos.
Qué sigue
El nuevo esquema contempla exenciones para productos como petróleo y gas, y para bienes que no se pueden obtener en EE.UU. Además, la orden ejecutiva incluye una cláusula que permite reducir la tasa si un país adopta una prohibición de importación por trabajo forzoso y la aplica efectivamente.
Chile enfrenta ahora la disyuntiva de modificar su legislación interna para alinearse con los requisitos estadounidenses o asumir el costo arancelario mientras busca acuerdos bilaterales. La administración Trump ha señalado que evaluará los avances de cada país en los próximos meses.