Comisión Mixta acuerda cambios al proceso de expulsión de migrantes
La Comisión Mixta acordó por unanimidad cambios a la Ley 21.325 para perfeccionar y agilizar las expulsiones administrativas de personas extranjeras.
El informe deberá ser ratificado por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado antes de completar su trámite legislativo.
La propuesta eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso para quienes sean objeto de una expulsión administrativa.
¿Qué facultades y condiciones contempla?
La PDI podrá solicitar por escrito a un juez de garantía autorización para ingresar a un domicilio, únicamente para detener a una persona con orden de expulsión firme y ejecutoriada.
El texto permite la expulsión inmediata de personas en situación irregular formalizadas, acusadas o requeridas por simples delitos con penas de hasta tres años, si no tienen condenas previas.
En esos casos, el procedimiento penal quedaría suspendido por tres años mientras se espera el cumplimiento de la expulsión.
¿Qué resguardos se incorporaron?
La comisión incorporó observaciones de la Corte Suprema y propuestas técnicas tras escuchar al Ministerio Público y al Gobierno.
Antes de una expulsión o del ingreso a un domicilio, deberá coordinarse con el Ministerio Público para evitar afectar investigaciones penales en curso y proteger los derechos de las víctimas.