Los números que importan
- $1 millón mensual fue lo que Bonvallet habría exigido a su asesora durante los dos primeros meses de trabajo, como condición para acceder al empleo y mantenerlo, según la investigación.
- La denunciante fue desvinculada de la municipalidad en mayo de 2025, a petición de la concejala.
- El sumario incluyó como pruebas audios, conversaciones y transferencias bancarias aportadas por Covarrubias.
Qué sigue
La Contraloría remitió el expediente a dos instituciones:
- Concejo Municipal de Ñuñoa: deberá evaluar si los hechos configuran una causal de cesación del cargo, según la Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ministerio Público: analizará si existen delitos que perseguir penalmente, a partir de los antecedentes surgidos en el sumario.
Ambas decisiones son independientes, pero la resolución de la Contraloría ya acreditó la falta administrativa.
Entre líneas
La resolución no solo sanciona a Bonvallet, sino que expone un mecanismo de presión laboral que mezcla dependencia económica con poder público. Al exigir dinero a su propia asesora a cambio del puesto, la concejala habría usado su influencia municipal para beneficio personal. Eso explica por qué la Contraloría consideró los hechos como una infracción grave a la probidad, y no solo como maltrato laboral.
El panorama general
El caso se inscribe en un contexto donde varias denuncias de acoso y abuso de poder en municipios chilenos han llevado a investigaciones internas y a la pérdida de cargos. La Contraloría ha endurecido su criterio en los últimos años respecto a la probidad de funcionarios electos. La decisión sobre Bonvallet refuerza esa tendencia y deja en manos del Concejo Municipal y de la Fiscalía el peso de las consecuencias finales.