El panorama general
El proyecto fue aprobado con 105 votos a favor, 46 en contra y el apoyo clave de la Democracia Cristiana. Las bancadas del PS, PPD, PC y Frente Amplio votaron en contra y presentaron reservas de constitucionalidad.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que la esencia de la iniciativa no cambió tras los ajustes del Senado. El gobierno espera que los colegios implementen las medidas cuanto antes.
Lo que cambia
La ley introduce seis artículos con nuevas facultades y sanciones en establecimientos educacionales:
- Revisión de mochilas: se permite, pero debe hacerse con un reconocimiento amplio, no en una sala privada.
- Prohibición de capuchas: los estudiantes no podrán usarlas dentro del recinto escolar.
- Sanciones por tomas o violencia: los alumnos que participen en ocupaciones de liceos o hechos violentos enfrentan medidas disciplinarias.
- Nuevo requisito para gratuidad universitaria: quienes sean condenados por delitos contra la vida, integridad física, propiedad o infraestructura pública perderán el beneficio por cinco años. Esto no impide ingresar a la educación superior, solo acceder a la gratuidad.
El Senado eliminó la regulación sobre expulsión de estudiantes, que quedó fuera del texto final.
Las voces discordantes
Diputados del Partido Socialista, Frente Amplio y PPD hicieron reserva de constitucionalidad. Argumentan que la ley vulnera garantías como la vida privada y la honra, y que la pérdida de gratuidad equivale a una doble sanción.
Emilia Schneider (FA), Juan Santana (PS) y Héctor Ulloa (Independiente) anticiparon que podrían llevar el caso al Tribunal Constitucional. La ministra Arzola respondió: "Estamos tranquilos".
Qué sigue
La ley queda lista para su promulgación por el Ejecutivo. Sin embargo, su implementación podría retrasarse si la oposición concreta el recurso ante el TC. El debate se enmarca en la agenda de seguridad escolar del gobierno, en medio de críticas sobre el alcance de la norma.
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