La instrucción surge tras la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos a Ceuta a finales de julio, que dejó a 1.342 menores bajo custodia policial. Algunas comunidades gobernadas por PP y Vox han mostrado reticencias a acoger a estos menores, mientras el mecanismo de reubicación data de marzo de 2025.
La instrucción refuerza el papel de los fiscales como supervisores de la acogida de menores. Ante un rechazo o dilación, el fiscal de origen deberá enviar al de destino la resolución de reubicación y las alegaciones.