Por qué importa
Los lineamientos aplican solo a concesionarios de radio y televisión, no a medios escritos ni a internet o redes sociales. Exigen tres obligaciones principales a las empresas:
- Publicar un código de ética.
- Designar un defensor de audiencias.
- Distinguir claramente entre espacios publicitarios, informativos y de opinión.
El gobierno afirma que busca fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información veraz y certificada. Sheinbaum aseguró que el Estado no decide qué es verdad ni sanciona contenidos periodísticos. Las multas solo procederían si el medio no cumple con esos requisitos administrativos.
Entre líneas
- El gobierno insiste en que la ley no permite censurar ni multar por lo que se dice o publica.
- Críticos argumentan que obligar a separar información de opinión puede derivar en una intervención indirecta sobre el trabajo editorial.
- La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, señaló que cada medio debe definir su propio código de ética y mecanismos de queja.
El estado de las cosas
El borrador del reglamento se encuentra en consulta pública desde hace una semana. Participan especialistas, organizaciones civiles y los propios concesionarios. Sheinbaum recordó que una versión similar fue eliminada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que la actual administración la retomó tras su aprobación legislativa en julio de 2025.
Qué sigue
La consulta ciudadana se extenderá hasta el 21 de agosto. Después de esa fecha, el gobierno publicará la versión final del documento en el Diario Oficial de la Federación. El debate sobre los límites entre regulación y censura continuará en los próximos meses.
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