Cómo llegamos aquí
El reglamento actual data de 1959 y establecía condiciones como edad mínima de 18 años, estado civil soltero, y límites estrictos para reingresos. En el gobierno anterior ya se eliminaron requisitos como no tener tatuajes o pie plano. Ahora, con una dotación insuficiente y presión por mayor seguridad, el Ejecutivo impulsa una nueva actualización.
Lo que cambia
El decreto firmado por el ministro Martín Arrau introduce estos ajustes clave:
- Edad mínima: baja de 18 a 17 años; el límite máximo sigue en 30.
- Estado civil: desaparece la exigencia de ser soltero; se permite postular “sin exigir estado civil” en los casos que determine la normativa.
- Reincorporación: exfuncionarios podrán volver hasta los 40 años de edad.
- Repostulación: quienes no sean seleccionados podrán intentarlo hasta dos veces más en nuevos procesos de formación.
- Documentación: se reemplaza el certificado de buenas costumbres por la obligación de acreditar “conducta y honorabilidad personal y familiar intachable”.
Entre líneas
La flexibilización del acceso viene acompañada de un endurecimiento disciplinario. Los aspirantes podrán ser expulsados de inmediato durante su formación si cometen faltas graves que afecten la moralidad, el prestigio o la disciplina institucional.
Esto sugiere que el gobierno busca equilibrar una puerta de entrada más amplia con controles internos más estrictos. No se trata solo de bajar barreras, sino de filtrar con mayor rigor una vez dentro.
Lo que dicen
El Ministerio de Seguridad justifica los cambios por las “actuales necesidades institucionales en materia de gestión de personal” y la urgencia de ampliar la base de candidatos. El texto señala que se busca “adecuar la normativa reglamentaria vigente” preservando “los estándares de idoneidad, probidad y disciplina propios de la función policial”.
Qué sigue
El decreto fue revisado el 23 de julio por la División Jurídica de la Contraloría. Tras ese análisis, el organismo deberá pronunciarse sobre su legalidad. Si se aprueba, entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial, sin necesidad de trámite legislativo.