Proyecto de sometimiento descarta negociar políticamente con grupos criminales
El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó el 13 de octubre en el Congreso un proyecto para que grupos armados abandonen las armas y se sometan a la justicia.
La iniciativa, presentada por los ministros Rodrigo Lara e Iván Cancino, establece un proceso jurídico y descarta una negociación política con las organizaciones criminales.
Los interlocutores de los grupos deberán ser abogados; el proyecto también señala que las víctimas serán el centro del proceso.
¿Qué deberán aportar los grupos?
Para optar a rebajas de penas, los integrantes tendrían que entregar armas, revelar rutas del narcotráfico y aportar información sobre corrupción pública y vínculos con políticos.
El proyecto contempla beneficios por erradicación manual de cultivos ilícitos, destrucción de laboratorios de drogas y entrega de información, según el grado de colaboración.
La iniciativa no prevé devolver a los grupos un porcentaje de sus bienes, y las rebajas dependerían del cumplimiento de las condiciones establecidas.
¿Cómo se tramitaría el sometimiento?
El proceso tendría una fase administrativa a cargo del Gobierno y otra judicial; en la primera, la estructura deberá informar su composición, integrantes, armamento y zona de influencia.
El Ejecutivo definiría una hoja de ruta para el desarme, que incluiría la entrega de bienes y medidas relacionadas con la reinserción de menores.
El proyecto indica que el sometimiento no suspendería las órdenes de captura ni las extradiciones; el presidente podría definir dónde se realizaría la judicialización.