• El Ministerio de Justicia concedió rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, lo que abrió una crisis política en el oficialismo y puso bajo presión al ministro Fernando Rabat.
  • Rabat defendió los decretos y afirmó que actuó conforme a la legislación vigente y a los criterios de la Corte Suprema. El presidente José Antonio Kast mantiene su respaldo, aunque el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció que el procedimiento pudo hacerse de otra manera.
  • El exministro Hernán Larraín sostuvo que la reforma de 2022 excluía de estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores y que resoluciones recientes permitían rechazar las solicitudes.

¿Cómo se enfrentó el oficialismo?

  • La disputa escaló cuando el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aludió a Paul Schäfer al responder a Larraín. El líder de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó esos dichos de injuriosos e inaceptables; Squella defendió su respuesta.
  • La controversia tensionó a la derecha en torno a la protección de la infancia y la responsabilidad política por las rebajas. Algunos beneficiados están actualmente en libertad, según los antecedentes difundidos.

¿Qué hará la oposición?

  • Seis bancadas —Frente Amplio, PS, PC, PPD, Partido Liberal y DC— acordaron estudiar los antecedentes jurídicos de una eventual acusación constitucional contra Rabat, sin decidir aún si presentarán el libelo.
  • Anunciarán una postura común el 28 de octubre y promoverán una sesión especial en la Cámara para que el ministro explique el cambio de criterio. El Gobierno suspendió nuevos decretos y anunció una reforma; las rebajas ya concedidas siguen vigentes.