El dato clave
El quiebre se produjo cuando los senadores oficialistas Andrés Longton y Sergio Gahona modificaron el texto original del Ejecutivo en el último minuto. Los cambios sustituyeron:
- El concepto de "restitución" por "indemnización por falta de servicio"
- La tesis de que una nulidad ambiental es un "error del Estado"
- El cálculo del monto, que pasará a un tribunal arbitral
La oposición calificó esta maniobra como una "quinta propuesta" impuesta sin debate previo.
Lo que dicen
Las posturas están divididas. El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) criticó el articulado:
"Esto da paso inmediato a la indemnización, nos saltamos un procedimiento completo. Es un Frankenstein administrativo que convierte la recaudación fiscal en un seguro privado".
En contraste, Andrés Longton (RN) restó importancia al impacto fiscal:
"Se va a usar poco, porque las nulidades absolutas de RCA son contadas. Quien retrotraiga un proyecto probablemente optará por continuarlo".
Por qué importa
La norma crea un precedente donde el Estado podría compensar a empresas por decisiones judiciales ambientales. Esto ocurre mientras el gobierno también avanza en otros cambios regulatorios, como la extensión de plazos de tramitación ambiental de seis meses a un año, aprobada con reserva de constitucionalidad por la oposición.
Qué sigue
La reforma continúa su tramitación en el Senado. El Ejecutivo ya aprobó todas sus indicaciones, pero la oposición mantiene reservas sobre la constitucionalidad de varias normas, incluyendo posibles conflictos con la ley indígena y la necesidad de consulta previa.
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