El estado de las cosas
Grau fue notificado oficialmente el miércoles 10 en su oficina de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Desde que dejó el ministerio el 11 de marzo, trabaja como consultor para el gobierno uruguayo y es investigador visitante en la FEN, donde no recibe sueldo.
Los apoyos en la Cámara para aprobar el libelo incluyen:
- Partido Nacional Libertario y Republicanos (impulsores)
- Renovación Nacional
- Partido de la Gente
- Parte de la DC y el independiente René Alinco
Con esos votos, la acusación pasaría al Senado, donde Grau podría ser inhabilitado para cargos públicos.
Entre líneas
Carolina Tohá cuestionó el libelo y señaló que las acusaciones constitucionales "se ocupan como una herramienta de la contienda política, muy apartada de lo que define la Constitución". Argumentó que se basa en proyecciones económicas cuyo resultado aún es incierto.
Desde el Frente Amplio, diputados anticipan que si la ofensiva contra Grau persiste, devolverán la mano con acusaciones a ministros del gobierno de Evelyn Matthei y no permitirán el ingreso de subsecretarios a sesiones del Congreso.
Dentro de la oposición también hay voces críticas. El diputado Héctor Barría (DC) planteó que el libelo se está transformando en "un examen político hacia el Frente Amplio", y desde el PPD acusan falta de coordinación del oficialismo.
Qué sigue
Grau ha centrado su atención en el Senado, donde su defensa prepara una estrategia jurídica y política. En paralelo, retomó investigaciones académicas y escribe un libro de economía de desarrollo con apoyo de Rumbo Colectivo, el think tank del Frente Amplio.
La votación en la Cámara podría ocurrir en los próximos días. Si se aprueba, el caso pasará al Senado y el desenlace podría escalar la tensión política entre el gobierno y la oposición.
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Más allá del resultado, el caso refleja un patrón recurrente en la política chilena: el uso de acusaciones constitucionales como arma de disputa, no como mecanismo de control jurídico. Tohá advirtió que este tipo de procesos terminan "alejando a las personas de la política", independientemente de su resolución.