El trasfondo
Rodríguez fue removido de su cargo luego de que un examen de drogas diera positivo. Semanas después, el exfuncionario se realizó dos pruebas adicionales —una de pelo en la Red de Salud UC Christus y otra de orina en el Laboratorio Bionet— que resultaron negativas. El gobierno decidió no esperar la contramuestra del test original y nombró a un reemplazante.
Squella criticó el manejo del caso en un chat de WhatsApp con cerca de 200 exintegrantes de la Fundación Jaime Guzmán. Según publicó Ex-Ante, el senador escribió:
- "Muy grave el daño que le han hecho a Juan Pablo. Espero podamos revertirlo."
- "Sería bueno que Máximo Pavez le pidiera perdón por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos y por la irresponsabilidad en el proceso."
- "Si no sale esa gente inmoral del gobierno, nunca se podrá despegar."
La defensa de Alvarado
El biministro de Interior y Segegob respondió que Pavez "aplicó las obligaciones que señala la Ley de Reajuste en su artículo 110, se ajustó a los protocolos que determinó la Contraloría, y se hizo una licitación en función de normas técnicas". Agregó que "hay que separar los sentimientos de las decisiones que uno tiene que tomar".
Alvarado también confirmó que el gobierno no reincorporará a Rodríguez, pese a que el ministro de Segpres había abierto esa posibilidad. Argumentó que la discrepancia con el laboratorio no se resolverá en el corto plazo y que es mejor que el exfuncionario ejerza su defensa desde fuera del Ejecutivo.
La reacción de la UDI
La directiva de la UDI blindó a Pavez. El presidente del partido, Guillermo Ramírez, dijo que "ha cumplido fielmente con la tarea que le encomendó el Presidente" y que "los errores que se pudieron haber cometido en el caso Rodríguez no son imputables al subsecretario del Interior". El secretario general, Juan Antonio Coloma, también cuestionó a Republicanos por las críticas.
Dónde estamos
El gobierno busca un nuevo subsecretario de Hacienda y anunciará el nombre en los próximos días. Mientras tanto, Rodríguez continúa su defensa pública, y el caso sigue siendo un foco de tensión entre los partidos que conforman la coalición oficialista.