Por qué importa
La saturación penitenciaria es un problema de seguridad pública que afecta la reinserción. Díaz explica que el hacinamiento “implica menos acceso a programas de reinserción”. Mientras tanto, el gobierno y el municipio no logran acordar dónde construir nuevas plazas.
El estado de las cosas
- Fallo judicial: el 17° Juzgado Civil suspendió provisoriamente todos los actos para avanzar con la ampliación.
- Contraloría: no tomó razón del decreto del Ministerio de Vivienda que modificaba planes reguladores, al no poder determinar si se trata de una ampliación o una obra nueva.
- Proyecto: busca habilitar 1.600 plazas adicionales en el actual recinto de Santiago Centro.
Las voces discordantes
Mario Desbordes, alcalde de Santiago:
- Pide “el mismo trato” que en otras ciudades, donde las cárceles se construyen “kilómetros fuera de los radios urbanos”.
- Afirma que la obra “trae incivilidades, tráfico de todo tipo, contrabando” y que el municipio debe asumir la limpieza del entorno.
- Sostiene que Gendarmería tiene terrenos propios en zonas alejadas donde se podría construir una cárcel nueva.
- Asegura que no ha tenido ninguna conversación formal con el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Fernando Rabat, ministro de Justicia:
- Ha negado que existan otros predios disponibles fuera del radio urbano en la Región Metropolitana.
- Defiende la ampliación como solución inmediata al hacinamiento.
El dato clave
La investigadora Monserrat Díaz detalla que el sistema penitenciario alberga más de 21 mil personas por sobre las plazas disponibles. Aunque la ampliación de Santiago 1 sumaría 1.600 cupos, Desbordes advierte que “cuando usted habilita 1.600 plazas hoy día, en cuatro años más, en el 100% de los casos estarán llenas”.
Lo que sigue
La Contraloría y el tribunal mantienen paralizado el proyecto. El gobierno podría presentar una nueva vía legal o buscar terrenos alternativos. Desbordes insiste en que no negociará la ubicación y que espera una reunión directa con el ministro Rabat, la cual aún no ocurre.