Por qué importa
El Banco Central sostiene que la norma es más amplia que lo previsto en la nueva Ley sobre Protección de Datos Personales, que comenzará a regir el 1 de diciembre de 2026. Mientras esa ley solo prohíbe comunicar datos financieros después de cinco años, la indicación aprobada impide incluso conservar internamente esos antecedentes.
Según el organismo, esto podría:
- Dificultar que los acreedores acrediten la existencia de obligaciones naturales.
- Afectar el derecho de propiedad de los bancos sobre sus créditos.
- Obligar a las instituciones a fundamentar por escrito cualquier rechazo de crédito, sin poder usar el historial de deudas extinguidas como criterio.
Lo que no se dice
La indicación fue incorporada durante el segundo trámite constitucional en el Senado, sin estar en el proyecto original del Ejecutivo. La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, señaló en su oficio que no hubo instancias para que organismos técnicos y expertos aportaran antecedentes antes de su aprobación.
El Banco Central advierte que, al impedir la conservación de estos registros, se reduce la información disponible para evaluar el comportamiento de pago de los deudores, lo que puede encarecer o restringir el crédito, especialmente para personas con historial irregular.
Lo que dicen
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) también ha levantado alertas sobre la medida. Ambos organismos llaman a profundizar la discusión de esta norma en una iniciativa legal específica, en lugar de hacerlo dentro de la ley de reconstrucción.
Qué sigue
El proyecto aún debe completar su tramitación en el Congreso. El Banco Central y la CMF esperan que se generen espacios para revisar el alcance de la indicación antes de su aprobación final. La entrada en vigor de la nueva ley de datos personales en diciembre añade urgencia a la definición de los plazos y límites del derecho al olvido financiero.
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