Lo que está en juego
El argumento central de Farren es que la medida tendría el efecto inverso al buscado. En lugar de proteger a los deudores —que era la intención declarada—, terminaría golpeando a los ahorrantes y encareciendo el crédito.
- Reduciría la rentabilidad de cuentas de ahorro y depósitos a plazo renovables.
- Desincentivaría el ahorro nacional, sobre todo en productos simples.
- Encarecería el financiamiento para viviendas, personas y pymes.
- Podría abrir paso a la informalidad financiera al reducir la inclusión.
El dato clave
BancoEstado entregó cifras concretas para dimensionar el impacto:
- Administra cuentas de ahorro para 14 millones de clientes.
- De ellos, más de 7 millones tienen cuentas para la vivienda.
- Gestiona más de 425 mil depósitos a plazo renovables.
- En conjunto, estos instrumentos suman $20 billones.
- Solo en 2025 se capitalizaron $100 mil millones en intereses y reajustes de cuentas de ahorro para la vivienda.
El banco sostiene que esos recursos financian créditos hipotecarios y préstamos a pymes. En el mismo período, participó en cerca del 60% del flujo de créditos hipotecarios con subsidios estatales y mantiene más de $17 billones en financiamiento para pequeñas empresas.
Entre líneas
Farren matizó que los grandes inversionistas pueden migrar a otros mercados o productos más sofisticados. Quienes sufrirían el mayor golpe serían los ahorrantes de menores ingresos, que dependen de instrumentos simples como las cuentas de ahorro para la vivienda.
La indicación fue aprobada sin que —según BancoEstado— se evaluaran estos efectos colaterales. La advertencia apunta a que el afán de regular puede generar un daño mayor que el problema que intenta resolver.
Qué sigue
El proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, se vota esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite constitucional. Farren pidió rechazar la indicación, calificándola de “sin precedentes en Chile”. La decisión final definirá si el interés compuesto sobrevive o desaparece como práctica legal en el sistema financiero chileno.