El trasfondo
Según la demanda del CDE, Calisto se concertó con su excolaborador Roland Cárcamo y la cónyuge de este, Carla Graf, para crear un esquema de contratación fraudulenta:
- Graf figuraba como asesora del entonces diputado Calisto y recibía sueldo público.
- En realidad no realizó informes ni minutas; Cárcamo seguía haciendo las asesorías políticas.
- Los pagos iban a beneficio personal de la pareja y del propio senador.
El CDE sostiene que Calisto gestionó la contratación ante la Cámara de Diputados sabiendo que Graf no cumpliría las funciones.
Los números que importan
- $105.554.697: monto que el Congreso pagó a Graf entre 2018 y 2022.
- $25.970.000: recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Gobierno de Aysén) que habrían beneficiado a Cárcamo, su hermana y Graf mediante proyectos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.
- Total reclamado: aproximadamente $131 millones.
Entre líneas
La demanda civil busca agilizar la devolución de los fondos sin esperar la resolución penal. El CDE ya se había querellado criminalmente contra Calisto, Graf y Cárcamo. Al incluir la vía civil, el Estado presiona para recuperar el dinero de manera directa, incluso si la causa penal se demora.
Los montos del Gobierno Regional de Aysén indican que la investigación se expande más allá del Congreso, abarcando otros organismos públicos donde los imputados habrían accedido a fondos fiscales.
Qué sigue
El Juzgado de Garantía de Coyhaique reabrió recientemente la indagatoria penal. La solicitud de desafuero de Calisto —necesaria para procesarlo como senador— sigue pendiente. La demanda civil correrá en paralelo y podría concluir antes, si los acusados aceptan restituir los fondos o si el tribunal ordena el pago.
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