Las nuevas sanciones
La Ley N°21.816, publicada en el Diario Oficial, establece siete medidas contra los evasores:
- Multa administrativa: si se paga dentro de 20 días hábiles, se aplica una rebaja del 50% sobre el monto mínimo. Si no se paga, se cobra el máximo legal.
- Tarifa recargada: los fiscalizadores pueden exigir el pago inmediato de un valor equivalente a al menos 20 veces la tarifa adulta. Si se cancela, la infracción no se cursa.
- Presunción de evasión por puerta trasera: ingresar por la puerta trasera sin autorización se considera automáticamente evasión.
- Suspensión de beneficios tarifarios: el uso indebido de la TNE o tarjeta de adulto mayor puede significar perder el descuento por uno o dos años si hay reincidencia.
- Prohibición de ingreso a estadios: las personas inscritas en el Registro de Pasajeros Infractores no pueden comprar entradas ni asistir a partidos de fútbol profesional.
- Restricción para obtener o renovar pasaporte: el Registro Civil debe rechazar la solicitud si el solicitante tiene una inscripción vigente en el registro de infractores.
- Registro de Infractores: base de datos que permite a distintas instituciones consultar y aplicar las restricciones.
Cómo llegamos aquí
El Ministerio de Transportes impulsó esta ley durante su tramitación en el Congreso. La evasión en la capital chilena alcanza un 35%, con una baja sostenida en los últimos dos años. El déficit económico estimado está entre 150 y 200 millones de dólares anuales.
El panorama general
La normativa refuerza las facultades de Carabineros, inspectores fiscales y municipales. Si un pasajero se niega a pagar la tarifa recargada, debe bajar del vehículo y sus antecedentes se envían a la Subsecretaría de Transportes para iniciar un procedimiento sancionatorio.
Los concesionarios de vías, propietarios de buses y prestadores de servicios también pueden constatar y registrar el uso correcto del mecanismo de acceso, siempre que cumplan los requisitos del ministerio.
Lo que cambia
La ley ya está vigente desde su publicación. Los fiscalizadores tienen nuevas herramientas para actuar en terreno, y el Registro de Infractores se convierte en un instrumento central para aplicar las sanciones. Quienes evadan por primera vez pueden evitar la infracción pagando la tarifa recargada en el momento.