El panorama general
Esta disputa muestra las consecuencias de revertir grandes proyectos estatales después de iniciar procesos legales y administrativos. El caso también refleja cómo los planes de ajuste fiscal pueden enfrentarse a compromisos de desarrollo urbano heredados de administraciones anteriores.
Los números que importan
- Valoración estatal inicial: US$22,7 millones, fijada por la comisión tasadora del Serviu.
- Valor exigido por los dueños: US$53,8 millones, que buscaban ante el tribunal antes del desistimiento.
- Indemnización reclamada ahora: entre $573 millones (por daño emergente, lucro cesante e intereses) y $2.179 millones (equivalente al 10% del valor provisional, estándar en transacciones privadas).
Lo que dicen
El estudio Expropiados.cl, que representa a la sociedad propietaria, señaló que no discuten la legalidad del desistimiento, sino las consecuencias patrimoniales. Desde el Minvu confirmaron que conocen la demanda y defendieron su decisión como “responsable en el uso de los recursos públicos”.
Los abogados de la firma detallan tres tipos de perjuicios:
- Daño emergente: gastos técnicos que la empresa ya incurrió por el proceso expropiatorio.
- Lucro cesante: pérdida de ingresos y oportunidades de negocio durante la tramitación.
- Costo de oportunidad de intereses: porque el Estado mantuvo el dominio del bien mientras los dueños quedaron con fondos bloqueados en el tribunal.
Qué sigue
El tribunal deberá resolver si el Estado debe pagar alguna compensación y en qué monto. La discusión se centrará en cuantificar los daños reales causados por una expropiación que no se concretó, pero que ya afectó las actividades comerciales del club.
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